A solicitud de los
representantes de los partidos políticos de oposición que concurren
a la Mesa Nacional de Diálogo (admitida según sentencia 0068 del 5 de junio de 2020), el viernes 12 de junio el Tribunal Supremo de
Justicia (en vista de la omisión legislativa provocada por la
Asamblea Nacional y de acuerdo a lo previsto en el artículo 336,
numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela) nombró a todos los rectores titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral (sentencia 0070), con lo cual se
materializa el acuerdo político logrado al respecto entre ese sector
de la oposición y el Gobierno en la referida mesa (no correspondía
renovarlos por completo, según lo establecido en el artículo 30 de
la Ley Orgánica del Poder Electoral).
Vale acotar que el
cuerpo rectoral saliente, ese que según dicen no ofrece garantías
de pulcritud, era el que estaba en funciones cuando se celebraron los
comicios para la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015, cuyos
resultados fueron: MUD 109 (65,27%), PSUV 55 (32,93%) y
Representación Indígena 3 (1,80%), es decir, más que favorables
para la derecha venezolana.
Contra toda lógica
pero como era de esperarse, los sectores extremistas de la oposición,
cuyos diputados fueron electos en 2015, y que incluso desde antes de
ese proceso sostuvieron que no confiaban en el CNE y hasta aseguraron
que serían víctimas de fraude, ahora desconocen a las autoridades
recién nombradas.
Quizás los
desprevenidos piensen que esta es una situación nueva… nada más
lejos de la realidad. Es preciso recordar cuál ha sido la conducta
de la extrema derecha en Venezuela durante los últimos 20 años,
cada vez que enfrenta un proceso comicial; específicamente, cuál ha
sido su actitud respecto al árbitro electoral. La invitación esa leer el breve texto "¿Habrán aprendido?"
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